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18 septiembre, 2026
Carlos Lomelí: el expediente que salió de la lista negra, pero no de la conversación pública
La supuesta cancelación de la visa del senador no ha sido confirmada por Estados Unidos. Sin embargo, detrás del rumor existe un antecedente documentado: en 2008, el Departamento del Tesoro lo incluyó, junto con Lomedic, en una lista de personas y empresas vinculadas con una organización dedicada a producir metanfetaminas. Fue retirado en 2012, pero las razones y condiciones del desenlace nunca han quedado completamente claras ante la opinión pública.
Guadalajara, Jalisco. La versión comenzó nuevamente en redes sociales y espacios de opinión: al senador de Morena por Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, presuntamente le habrían cancelado la visa para ingresar a Estados Unidos por posibles vínculos con el crimen organizado.
La acusación es grave. También es, hasta ahora, una versión sin confirmación oficial. El señalamiento reciente fue difundido por el publicista Carlos Alazraki en su plataforma
Atypical Te Ve y posteriormente replicado en redes y medios digitales. Lomelí respondió que
no enfrenta restricciones para ingresar a Estados Unidos, afirmó que mantiene inversiones en ese país y calificó la versión como parte de una campaña política en su contra. (corresponsales.mx)
No existe, entre las fuentes públicas consultadas, un comunicado del Departamento de Estado, la Embajada estadounidense, la DEA o el Departamento del Tesoro que confirme que la visa vigente de Lomelí haya sido revocada.
Pero el rumor no apareció en el vacío.
Detrás de la disputa actual existe un expediente histórico y oficialmente documentado que vincula el nombre de Carlos Lomelí con una de las decisiones más severas que puede tomar el gobierno estadounidense fuera de un proceso penal: su incorporación a la lista de personas bloqueadas bajo la llamada Ley Kingpin.
El antecedente que sí está documentado
El 2 de octubre de 2008, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos —OFAC, por sus siglas en inglés— incorporó a Carlos Lomelí Bolaños y a su empresa Lomedic, S.A. de C.V., a la lista de Narcotraficantes Especialmente Designados.
No se trató de una columna política ni de una filtración anónima. La inclusión consta en registros oficiales del gobierno estadounidense. (home.treasury.gov, ofac.treasury.gov)
El comunicado del Tesoro sostuvo que Lomelí presuntamente había ayudado al desvío ilícito de precursores utilizados para producir metanfetamina con destino a la organización de los hermanos Amezcua Contreras.
En la misma operación fueron designadas diez personas y seis compañías relacionadas con una red empresarial y farmacéutica asentada principalmente en Jalisco y Baja California.
La OFAC afirmó que varias empresas incluidas en el expediente fabricaron o adquirieron medicamentos con pseudoefedrina que posteriormente fueron desviados, por toneladas, para abastecer la producción de metanfetamina de la organización Amezcua Contreras.
El Departamento del Tesoro también precisó que la medida contó con el apoyo de la oficina de la DEA en México. (home.treasury.gov)
La designación implicaba el congelamiento de los bienes que las personas y empresas señaladas tuvieran bajo jurisdicción estadounidense, además de prohibir que ciudadanos y compañías de Estados Unidos realizaran operaciones con ellas.
Por lo tanto, afirmar que Lomelí “nunca fue señalado por autoridades estadounidenses” sería incorrecto.
Sí fue señalado.
Sí fue incorporado a una lista de sanciones vinculada al narcotráfico.
Y la DEA sí participó, al menos como agencia de apoyo, en el procedimiento que condujo a esa designación.
¿Estuvo “fichado” por la DEA?
La expresión “fichado por la DEA” es políticamente efectiva, pero jurídicamente imprecisa.
No encontré evidencia pública de que Lomelí haya aparecido en una lista de fugitivos buscados por la DEA, que exista actualmente una orden estadounidense de aprehensión en su contra o que haya recibido una condena penal federal por narcotráfico.
Lo comprobable es diferente: fue incluido en la lista financiera de la OFAC bajo la Ley Kingpin, en una determinación apoyada por la DEA.
Una designación administrativa de la OFAC no equivale automáticamente a una sentencia penal. Tampoco demuestra por sí misma que la persona designada haya sido procesada o declarada culpable ante un tribunal.
Pero reducir aquella decisión a un simple rumor también sería engañoso. La inclusión en la lista provocó consecuencias económicas reales y fue sustentada públicamente por el gobierno de Estados Unidos en información relacionada con el desvío de precursores de metanfetamina.
La formulación periodísticamente correcta es:
Carlos Lomelí fue designado en 2008 por la OFAC bajo la Ley Kingpin, en un procedimiento que contó con apoyo de la DEA, por su presunta participación en el desvío de precursores químicos.
No existe sustento suficiente para presentarlo actualmente como fugitivo, prófugo o narcotraficante condenado por Estados Unidos.
La salida de la lista
El 10 de enero de 2012, la OFAC retiró de la lista a Carlos Lomelí y a Lomedic.
La eliminación también aparece en los registros oficiales estadounidenses. (ofac.treasury.gov)
Este hecho es central para presentar el caso con equilibrio: Lomelí no permanece actualmente en aquella lista de sanciones.
Sin embargo, la salida no borra el antecedente ni significa necesariamente que la designación de 2008 haya sido declarada falsa por un tribunal. La eliminación de una persona de la lista de la OFAC puede responder a diferentes circunstancias administrativas, judiciales, de cooperación o revisión de información.
El documento público de retiro no explica, por sí solo, las razones detalladas por las que Lomelí y Lomedic fueron desbloqueados.
El senador ha sostenido que el asunto quedó resuelto, que su expediente está limpio y que no enfrenta restricciones para viajar o realizar negocios en Estados Unidos. En mayo de 2026 declaró que el episodio de 2008 había quedado cerrado y negó cualquier amenaza de suspensión de su visa. (cronica.com.mx)
La pregunta pendiente es por qué, si todo fue producto de una acusación sin sustento, el retiro de la lista se produjo casi cuatro años después y cuáles fueron las condiciones concretas que permitieron cerrar el procedimiento.
Los 2.7 millones de dólares y la investigación periodística
En mayo de 2021, Latinus publicó una investigación según la cual Lomelí habría entregado bienes por aproximadamente 2.7 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos como parte de un acuerdo para resolver las investigaciones en su contra.
El reportaje sostuvo que había sido interrogado por agentes estadounidenses y que habría reconocido relaciones comerciales con integrantes del Cártel de Sinaloa, así como operaciones relacionadas con productos que contenían pseudoefedrina.
El Informador retomó la investigación y señaló que, de acuerdo con Latinus, el acuerdo permitió evitar acusaciones y retirar a Lomelí y a Lomedic de la lista de la OFAC. (informador.mx)
Estas afirmaciones no aparecen en los comunicados públicos de la OFAC consultados. Por ello, deben atribuirse expresamente a la investigación periodística y no presentarse como una sentencia penal definitiva.
Lomelí ha negado haber sido detenido por la DEA y rechazó que haya realizado operaciones de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa. En septiembre de 2025 reiteró públicamente que nunca fue detenido por esa agencia. (latinus.us)
La diferencia entre las versiones plantea interrogantes que el senador podría despejar mediante la publicación completa de los documentos estadounidenses relacionados con el cierre del caso:
- ¿Existió un acuerdo de cooperación con autoridades de Estados Unidos?
- ¿Hubo una entrega o decomiso de bienes por 7 millones de dólares?
- ¿Se trató de un procedimiento civil de extinción o abandono de activos?
- ¿Lomelí declaró formalmente ante agentes de la DEA?
- ¿El retiro de la lista fue incondicional?
- ¿Existe una resolución que haya determinado expresamente que las acusaciones eran falsas?
Hasta que esos documentos sean públicos, persistirá una confrontación entre la versión del político y las investigaciones periodísticas.
La supuesta detención por fentanilo: una afirmación que no se sostiene
En publicaciones recientes se han mezclado tres episodios distintos: el señalamiento por precursores de metanfetamina, la supuesta detención o interrogatorio de Lomelí y la venta legal de fentanilo medicinal al sector salud.
No son lo mismo.
La designación estadounidense de 2008 habló de precursores utilizados para fabricar metanfetamina, particularmente medicamentos con pseudoefedrina. No acusó a Lomelí de comercializar ilegalmente fentanilo. (home.treasury.gov)
Tampoco encontré una fuente oficial o resolución judicial que pruebe que fue detenido por vender fentanilo al crimen organizado.
El fentanilo aparece en otra controversia. Diversas investigaciones periodísticas documentaron que, entre 2021 y 2022, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México celebró contratos con Abastecedora de Insumos para la Salud para adquirir fentanilo de uso médico, otros medicamentos y materiales hospitalarios.
Infobae reportó 16 contratos por un monto global de hasta 165 millones de pesos; no todo ese dinero correspondió exclusivamente a fentanilo. La empresa ha sido relacionada periodísticamente con el conglomerado farmacéutico de Lomelí. (infobae.com)
La adquisición institucional de fentanilo farmacéutico no equivale al tráfico del fentanilo ilícito que se vende en las calles de Estados Unidos.
Usar ambos hechos como si fueran una sola operación criminal sería inexacto.
El cuestionamiento legítimo se encuentra en otro punto: por qué una empresa vinculada con el entramado empresarial de un político previamente señalado por autoridades estadounidenses continuó obteniendo contratos públicos, incluso después de enfrentar sanciones administrativas en México.
Las empresas y los contratos públicos
El historial empresarial de Lomelí no se limita a la controversia estadounidense.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentó una red de nueve compañías farmacéuticas que compartían socios, representantes, apoderados o domicilios y que recibieron más de 2 mil millones de pesos en contratos públicos entre 2012 y 2019.
Lomelí reconoció como propias cuatro de esas empresas: Lomedic, Corporativo Internacional Vigilando tu Salud, Laboratorio Solfran y Laboratorio Bioterra.
En 2019, la entonces Secretaría de la Función Pública informó que mantenía siete investigaciones relacionadas con el político y sus empresas. Lomedic y Laboratorios Solfran fueron posteriormente sancionadas por presentar información falsa en procedimientos de contratación pública, aunque una de las sanciones contra Lomedic fue anulada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
En abril de 2026, MCCI reveló que uno de los expedientes de investigación contra Lomedic permanecerá reservado hasta 2028 porque, de acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el procedimiento continúa abierto y su divulgación podría afectar el debido proceso. (contralacorrupcion.mx)
La reserva impide conocer el fondo de una investigación que comenzó desde 2019 y que involucra a una empresa históricamente vinculada con el senador.
Una visa rodeada de rumores
Estados Unidos ha aplicado en 2026 restricciones de visa a personas presuntamente relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación. En agosto, el Departamento de Estado informó restricciones para 65 familiares, socios o allegados de individuos relacionados con el grupo criminal; 26 visas previamente otorgadas habrían sido revocadas.
Las autoridades estadounidenses se negaron a divulgar los nombres de los afectados y tampoco precisaron si había funcionarios mexicanos entre ellos. (elpais.com)
Ese silencio institucional crea un terreno fértil para rumores y filtraciones.
Pero la existencia de una lista reservada no permite colocar automáticamente a Lomelí dentro de ella.
Hasta el cierre de este reportaje:
- No hay confirmación pública de Estados Unidos sobre la cancelación de su
- Lomelí sostiene que su visa está vigente y que puede ingresar a ese país.
- No se ha presentado evidencia independiente de un intento fallido de
- Tampoco existe un documento público reciente que lo vincule con las restricciones aplicadas a personas relacionadas con el CJNG.
La cancelación debe presentarse, por ahora, como un rumor públicamente negado por el senador.
Lo comprobado y lo que permanece sin acreditar Está documentado:
- Carlos Lomelí y Lomedic fueron incorporados en 2008 a la lista de sanciones de la OFAC bajo la Ley Kingpin.
- El Tesoro estadounidense los relacionó con el presunto desvío de precursores para producir metanfetamina.
- La designación contó con apoyo de la DEA en México.
- Lomelí y Lomedic fueron retirados de la lista en enero de
- Empresas vinculadas con su entorno fueron investigadas y sancionadas administrativamente en México.
- Un procedimiento relacionado con Lomedic continúa reservado hasta No está comprobado con fuentes públicas suficientes:
- Que actualmente le hayan cancelado la
- Que haya sido detenido por traficar o comercializar
- Que sea un fugitivo buscado por la
- Que tenga una condena penal estadounidense por narcotráfico.
- Que forme parte de la lista reservada de personas sancionadas en 2026 por nexos con el
Es materia de investigaciones periodísticas y está controvertido:
- Que haya reconocido negocios con integrantes del Cártel de
- Que haya entregado bienes por 7 millones de dólares para evitar acusaciones.
- Que su salida de la lista de la OFAC haya sido producto de un acuerdo de cooperación con la DEA.
El costo político de las explicaciones incompletas
Carlos Lomelí puede sostener, con razón, que fue retirado de la lista estadounidense y que no existe una condena penal pública en su contra por los hechos señalados en 2008.
Pero también es cierto que su nombre y el de su empresa aparecieron durante más de tres años en una lista oficial diseñada para afectar las estructuras financieras del narcotráfico.
Ese antecedente no desaparece calificándolo simplemente como “guerra sucia”.
La responsabilidad de un senador no termina en negar acusaciones. También comprende explicar con documentos cómo fue incluido en aquella lista, qué ocurrió durante las investigaciones, si existió una entrega de activos y bajo qué argumentos consiguió ser retirado.
La duda actual sobre su visa puede ser falsa. El antecedente de la OFAC no lo es.
La crítica más sólida no consiste en presentar a Lomelí como un narcotraficante condenado, porque no existe una sentencia pública que permita afirmarlo. El cuestionamiento legítimo es cómo una figura política que busca conservar influencia sobre el futuro de Jalisco ha podido avanzar de la lista Kingpin a la presidencia de una comisión del Senado sin que la sociedad conozca íntegramente el expediente que permitió cerrar el capítulo estadounidense.
La pregunta de fondo no es solamente si Carlos Lomelí tiene visa.
La pregunta es si Jalisco tiene derecho a conocer toda la verdad sobre los acuerdos, investigaciones y relaciones empresariales que rodearon a quien hoy lo representa en el Senado.
Fuentes principales consultadas
- Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designación de la red asociada con la organización Amezcua Contreras, 2 de octubre de 2008.
- Oficina de Control de Activos Extranjeros, incorporación de Carlos Lomelí y Lomedic a la lista SDN, 2008.
- Oficina de Control de Activos Extranjeros, retiro de Carlos Lomelí y Lomedic, 10 de enero de 2012.
- Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, investigaciones sobre la red farmacéutica y la reserva del expediente de Lomedic.
- El Informador, cobertura de la investigación sobre los bienes presuntamente entregados a Estados Unidos.
- La Crónica de Hoy y Corresponsales MX, declaraciones de Carlos Lomelí sobre su visa y los señalamientos estadounidenses.
- El País, restricciones de visa aplicadas por Estados Unidos a personas relacionadas con el CJNG.
